UGT Castilla y león denuncia: La mortalidad laboral en Castilla y León se ha incrementado un 27% en cuatro años.

06 Nov UGT Castilla y león denuncia: La mortalidad laboral en Castilla y León se ha incrementado un 27% en cuatro años.

Castilla y León se viste de luto, o al menos ese es el color que mejor representa la lacra social que de manera silenciosa se ha instalado en nuestro mercado de trabajo.
En estos 9 primeros meses del año un total de 53480 trabajadores y trabajadoras castellano-leonesas han sufrido un accidente de trabajo, de los que 18.104 requirieron una baja médica. Además, 745 contrajeron una enfermedad profesional en su puesto de trabajo lo que arroja un total de 54.225 afectados por una contingencia profesional.
Si nos centramos sólo en los que han causado baja, observamos que se han incrementado un 3,83% respecto al mismo periodo del año anterior, afectando dicho incremento a todos los tipos: leves (+3,77 %), graves (+8,66 %), y mortales (22,73%), así como a todos los sectores: Construcción (6,13%), Industria (8,48%), Servicios (0,73%) y Agrario (5,57%).
Las enfermedades profesionales se comportan de la misma manera. Acusan un incremento global del 2,3%. Por lo que respecta a las que causan baja se incrementan un 9,20% respecto al mismo periodo del año anterior, que afecta a todos los sectores. Destaca Construcción, donde el incremento alcanza un 75%.
Sin lugar a dudas, el peor dato lo encontramos en los accidentes de trabajo graves y mortales. En el primer caso, el incremento del 8,66% viene explicado por el ascenso de este tipo de accidentes en el sector industrial y servicios de +21,88% y 14,58% respectivamente. En cuanto a la mortalidad, el incremento del 22,73% se explica por sendas subidas del 50% y 150% en la industria y Construcción.
Si examinamos estos datos con variables como el sexo las mujeres salen peor paradas en lo que a las enfermedades profesionales se refiere, ya que se ven afectadas en un porcentaje mayor (52%), no así en lo referido a accidentes de trabajo, que mayoritariamente afectan a los hombres (72%) en todos los grados de lesión.
Si bien nuestra Comunidad llevaba una senda descendente que ha durado hasta el 2012, a partir de entonces los accidentes de trabajo, tanto los que cursan baja como los que no, están creciendo a un ritmo por encima del 8%. De hecho, desde el 2014 hasta la fecha la accidentalidad global ha crecido un 21% y la mortalidad un 26,93%.
UGT Castilla y León, viene alertando de esta situación desde entonces. Siempre hemos sostenido que el descenso de los accidentes de trabajo experimentado desde que inicia la crisis económica no responde a mejoras en los sistemas de prevención de riesgos laborales de las empresas, ni a mayores inversiones en la seguridad y salud de los trabajadores sino a un estrechamiento de la actividad económica que da lugar a una drástica reducción de población ocupada y por tanto, de trabajadores expuestos a los riesgos laborales.
Además, hemos advertido en numerosas ocasiones que este descenso era más virtual que real en la medida en que parte de los accidentes sin baja esconden patologías con suficiente entidad como para justificar una baja médica, pero que no se consideran como tal por el entramado de intereses de las Mutuas colaboradoras de la seguridad Social y de algunas empresas.
Pues de nuevo la terquedad de los datos nos da la razón. En el momento en que la actividad económica se recupera tímidamente, los accidentes de trabajo se disparan.
Para recuperar esa senda de reducción sostenida de los accidentes de trabajo, UGT Castilla y León plantea:
Derogar las reformas laborales que han extendido la precariedad en el empleo, y han devaluado las condiciones de trabajo y por tanto, de seguridad y salud laboral.
Derogar la Ley de Mutuas que ha supuesto un recorte en los derechos de los trabajadores/as y que sólo ha servido para que éstas invadan competencias de los servicios públicos. El sindicato denuncia, una vez más, que se está ofreciendo una visión interesada y torticera de lo que es el absentismo y se presenta a los trabajadores como unos defraudadores, a los facultativos de los Servicios Públicos de Salud como unos ineptos y a las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social como unos grandes gestores. El objetivo es disuadir a los trabajadores de ausentarse del trabajo por razones médicas. Las Mutuas son asociaciones de empresarios cuyos intereses son los propios de sus asociados, no los de los trabajadores ni su salud, sólo la productividad laboral de éstos.
Acabar con el sistema Bonus, que sólo sirve para vaciar la caja de la seguridad Social sin la menor contraprestación en términos de mejora preventiva.
Desarrollar una Política integral de lucha contra las enfermedades profesionales, que pasa por reformar el marco normativo actual e intensificar la coordinación y colaboración entre el Sistema Nacional de Salud, el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales y el Sistema de Seguridad Social.
En el mismo orden de cosas, instamos a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León a que cumpla con la obligación establecida en el art. 5 del RD 1299/2016, de 10 de noviembre de articular un procedimiento de comunicación de sospecha de enfermedad profesional desde la Atención Primaria y Especialidad.
También, reviste suma importancia desarrollar las medidas que mejoren el diagnóstico y la declaración de las enfermedades profesionales contenidas en el V Acuerdo PRL en Castilla y León (2016-2020).
Asimismo, en el marco de la empresa, es necesario recuperar las inversiones en prevención y la centralidad de la negociación colectiva en las relaciones laborales.
Por otro lado, el sindicato recuerda que la presencia sindical en los centros de trabajo sigue siendo la mejor garantía para el ejercicio de los derechos y para la protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras. Por lo que planteamos de nuevo la creación del delegado territorial en Castilla y León.
Exigimos además mayor control de la Administración para que aquellas empresas que han sido sancionadas con carácter grave por incumplir sus obligaciones preventivas, no puedan contratar con las administraciones públicas la realización de obras y servicios. Además, reivindicamos que los aspectos relacionados con la política preventiva de las empresas, así como los recursos de los que disponen y el grado compromiso con la seguridad y salud de los trabajadores, sean elementos esenciales de cualquier proceso de licitación y posterior concesión, pública.
Más inspectores de trabajo y mejores medios. La Inspección de Trabajo, pieza clave en el control del cumplimiento de la legislación en prevención de riesgos laborales, debe ser reforzada con más medios técnicos y humanos. Además, debe apostarse por una mayor especialización técnica de este cuerpo.