UGT CASTILLA Y LEÓN CELEBRA LA APROBACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA CREACIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DE AMIANTO

20 Abr UGT CASTILLA Y LEÓN CELEBRA LA APROBACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA CREACIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DE AMIANTO

UGT CASTILLA Y LEÓN CELEBRA LA APROBACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA CREACIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DE AMIANTO

En Castilla y León hay 378 empresas dadas de alta en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto y 4039 registrados por exposición a este material.
Los grupos de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV, Compromís, EH Bildu y Foro Asturias respaldan por primera vez la toma en consideración de la propuesta de crear un fondo de compensación económica para las víctimas que durante años hayan trabajado en contacto con el amianto, una sustancia cancerígena que en España en España, según los registros de mortalidad, entre 1977 y 2001 causó la muerte de 2.929 personas por mesotelioma, una enfermedad que en la práctica totalidad de los casos tiene su origen en una exposición al amianto.
Aunque existen referencias antiguas acerca de la compensación de los trabajadores por los daños personales sufridos a causa del trabajo, modernamente ésta se ha realizado por dos procedimientos: hasta finales del siglo XIX prevalecieron los sistemas de compensación basados en la demostración de existencia de culpa por parte del empresario en el marco de una demanda civil por daños y perjuicios. Hacia finales del siglo XIX se impusieron en muchos países los sistemas de compensación sin culpa en los que el trabajador es indemnizado por el solo hecho de haber sufrido un daño en el trabajo, haya o no culpa del empresario, al que se considera responsable objetivo del daño. En estos sistemas, que han prevalecido hasta nuestros días, los fondos necesarios para la indemnización proceden de un seguro contratado (en general por obligación legal) por el empresario.
Los sistemas de compensación sin culpa, muy eficaces y eficientes cuando el daño se ha producido por accidente de trabajo, porque el daño se produce de inmediato y la relación de causa-efecto entre el trabajo y el daño suele ser obvia, lo son mucho menos en el caso de las enfermedades profesionales, en las que es frecuente que la enfermedad se manifieste bastante tiempo después de la exposición al agente causante de la misma.
El caso del amianto es particularmente complejo. En primer lugar, el tiempo de latencia entre la exposición y la aparición de la enfermedad es extraordinariamente largo, de entre 30 y 50 años en el caso del mesotelioma, la más grave de las patologías producidas por el amianto. En segundo lugar, un número de casos relativamente elevado (al-rededor de un 20%) se produce en personas que no han estado expuestas profesionalmente al amianto, siendo la causa de la exposición la contaminación ambiental que, en muchos casos, no tiene un culpable definido. En tercer lugar, el número de afectados es relativamente elevado.
Por todo ello, en algunos países se han constituido Fondos de Compensación específicos con el objetivo de compensar a las víctimas del amianto y, en general, a sus derecho-habientes, en su caso. Dichos fondos, constituidos en Francia, Bélgica y Holanda, se diferencian en las patologías que consideran indemnizables, en la cuantía de las indemnizaciones concedidas a cada patología y en las fórmulas de financiación.
La iniciativa, impulsada desde el Parlamento Vasco, recoge la naturaleza y organización del fondo, especificando fines, procedencia de recursos económicos y la estructura organizativa, y determina a los empresarios, las mutuas y las personas titulares de derechos como aquellos que están obligados a cotizar al fondo’. También reserva aportaciones vía Presupuestos o de consignaciones o transferencias previstas en otras leyes y establece un plazo de seis meses para que las personas afectadas tengan derecho a la indemnización efectiva.
En general, la experiencia de los países de nuestro entrono demuestra que los fondos compensan a más víctimas, más rápido y con menores costes que los procesos judiciales. Sobran los motivos para adoptar una solución similar en España.