SE DISPARAN LOS ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES EN CASTILLA Y LEON

SE DISPARAN LOS ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES EN CASTILLA Y LEON

– 59 trabajadores de la región, han perdido la vida con ocasión del trabajo.
– Los accidentes de trabajo con baja crecen por quinto año consecutivo, a un ritmo por encima del 5%.
– Los accidentes graves crecen un 14,36 %y los mortales un 26,47%.
Accidentes Laborales
2018 vuelve a ser un mal año en lo que a siniestralidad laboral se refiere.
Durante el año 2018, 74.029 trabajadores de la región sufrieron un accidente de trabajo y 1011 una enfermedad profesional. De ellos, 45.703 accidentes y 493 enfermedades profesionales, han causado la baja del trabajador.
Los accidentes de trabajo con baja representan el 62% del total, invirtiéndose la tendencia de años atrás donde los accidentes de trabajo “sin baja” superaban a los que sí causaban baja.
Del total de accidentes de trabajo con baja, el incremento respecto al año pasado ha sido del 5,56%, incremento que se da en los tres tipos de accidentes: leves (+5,46%); graves (+14,36%); y mortales (+26,47%).
Si analizamos la evolución de los accidentes en función de su gravedad, se observa que desde el año 2015 acusan una tendencia creciente. Los leves se han incrementado un 18,20%, los graves un 15,17% y los mortales un 63,89%. Es decir, antes de que se produjera la ligera recuperación económica actual, la siniestralidad laboral en Castilla y León se ha ido incrementando una media del 6% anual, hasta llegar al 18,29% de incremento a lo largo de todo el periodo (2015-2018).
Si tomamos como referencia los índices de incidencia la evolución es creciente desde el año 2013. Hemos pasado de una incidencia de 27,78 accidentes con baja por cada 100.000 trabajadores a 34,02 accidentes.
La mortalidad en Castilla y León sigue siendo el peor dato en comparación con el resto de España. En el año 2018 han fallecido 59 trabajadores con ocasión o como consecuencia del trabajo. 43 de ellos en el centro de trabajo, el resto en accidente de tráfico. Todo ello da como resultado una incidencia media de 5,8 accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores, por encima de la media nacional.
Si nos centramos en los 4 grandes sectores de actividad, el comportamiento es similar. Crecen en todos. Industria, es el sector donde más se incrementan (+7,98%) seguido de Construcción (+6,64%), Servicios (4,16%) y por último, el sector agrario que ha experimentado un crecimiento del 4,44%. La distribución de accidentes muestra que más de la mitad se producen en el sector servicio (52%), seguido de industria (30%) y muy por detrás Construcción (11%) y sector agrario (7%).
Por gravedad, el sector donde más se han incrementado los accidentes graves ha sido servicios con un 26,82%. En cuanto a los mortales el mayor crecimiento se ha dado en el sector agrario (100%) pero donde mayor concentración de mortales en jornada de trabajo se ha producido ha sido en Servicios (25 de 43) con un incremento del 47,06% respecto al año 2017.
Por provincias, el análisis no mejora. La siniestralidad laboral crece en todas salvo en Salamanca. En el nº 1 de sitúa Burgos con un incremento del 11,82%. Le sigue Ávila (+8,32) y el resto, con incrementos en torno al 5%.
Respecto a los accidentes de trabajo in itinere, durante este año se han producido 2.777 accidentes con baja. Si lo comparamos con el año anterior, se vuelve a producir un crecimiento del 14,42%. El mayor incremento se da en los mortales con un 60%.
También repuntan las enfermedades profesionales. Más allá de la infradeclaración de este tipo de contingencias, a lo largo del 2018 se han notificado 1011, traduciéndose en un incremento del 4,88 % con respecto al 2017.
Por sexo, los accidentes de trabajo con baja correspondientes a mujeres registrados en 2018 han sido un total de 8.868, lo que supone un 31% del total. Lógicamente, la mayor parte en el sector servicios al tratarse del sector donde mayor presencia de mujeres trabajadoras hay.
En cuanto a la gravedad por sexo, la tendencia es similar a la de años anteriores observándose que las mujeres siguen teniendo mayor número de accidentes “in itinere” con baja que los hombres y un menor número de accidentes en jornada de trabajo, y en ambos casos, además, los accidentes son de menor gravedad. La distribución porcentual por sectores no aporta gran información, ya que depende del número de trabajadoras en cada uno de los sectores, y así por ejemplo, en Construcción, donde apenas hay trabajadores de sexo femenino, el porcentaje se reduce al 1%.
Las enfermedades profesionales sin embargo, afectan prácticamente por igual a hombres y mujeres. De las 493 enfermedades profesionales con baja médica, el 49% afecta a las mujeres.
Por nacionalidad, el 10,9% del total de accidentes de trabajo los han sufrido trabajadores extranjeros.
El análisis de la siniestralidad por accidente laboral de los trabajadores autónomos, con los datos de que disponemos, es siempre un análisis parcial debido a la voluntariedad en la cobertura de este tipo de contingencias para muchos de estos trabajadores. De este modo no tenemos unos valores de población que se puedan aproximar a la población total de estos trabajadores y los accidentes registrados solo corresponden a aquellos que tiene cubiertas las contingencias por accidente de trabajo y enfermedad profesional.
Durante 2018 se han registrado 822 accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo correspondientes a trabajadores autónomos, de los cuales 26 fueron calificados como graves y 2 fueron mortales. En el cómputo global se registraron 15 accidentes con baja menos que el año anterior, lo que representa un 1,83 % menos, con un incremento de los accidentes graves del 36,85%.
La distribución de los accidentes por tipo de contrato no difiere de forma significativa de la que hemos venido encontrando en años anteriores, como es lógico ya que las variaciones no suelen producirse de forma drástica, sino suavemente a lo largo del tiempo. Los accidentes correspondientes a trabajadores con contratos indefinidos suponen en conjunto un 60 % del total de accidentes en jornada de trabajo. Esta cifra se ha venido reduciendo en los últimos años, pasando de representar el 65,7 % del total de accidentes con baja en jornada de trabajo en 2014 a representar más de 5 puntos y medio menos en 2018, con el correspondiente incremento de la siniestralidad de los trabajadores con contratos temporales, que han pasado del 34,3 % en 2014 a representar el 40 % en 2018.
En términos relativos las diferencias se hacen aún más notables, confirmando la brecha que en cuanto a siniestralidad se está formando entre los trabajadores con contrato indefinido y aquellos que tienen contratos temporales. La evolución de estas tasas de incidencia en los últimos 4 años muestra una clara tendencia al alza, que además confirma que los trabajadores temporales sufren actualmente más del doble de accidentes que los trabajadores fijos (con contrato indefinido).
El incremento de accidentes en jornada de trabajo que se ha producido a lo largo de 2018 se ha reflejado prácticamente en todas las edades, de manera que si hacemos una comparación con los datos del año anterior vemos incrementos generales en todos los grupos de edad y variaciones un poco más diversas en los distintos grados de lesión.
Aunque los incrementos son relativamente homogéneos, sí que parece apreciarse que este incremento se intensifica en los extremos de la tabla de edad, ya que los incrementos de los grupos de mayor y de menor edad son proporcionalmente mayores que los que se producen en las edades intermedias. Así el incremento de los accidentes en menores de 18 años y mayores de 65 ha sido de 26,3% y 42,4% respectivamente. A pesar de ello, el grupo que más accidentes registra es el de 36 a 45 (29 % del total), con valores muy cercanos al grupo de edades comprendidas entre los 46 y los 55 años (27 %).
Por último, en cuanto la distribución de los accidentes con baja en jornada de trabajo según el tamaño del centro de trabajo se observa que en la que casi la mitad de los accidentes (44 %) se registran en centros de trabajo de menos de 25 trabajadores y si ampliamos el porcentaje asciende hasta el 58 % de los accidentes.
Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de impulsar medidas urgentes que consigan revertir la situación, y recuperar la senda descendente iniciada en el año 2008. Para ello UGTCyL propone:

  • Derogar la reforma laboral de 2012, que no ha hecho otra cosa que fomentar la mala calidad del empleo, extender la precariedad laboral y por tanto, empeorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.
  • Incentivar la contratación indefinida. La temporalidad en los contratos genera una enorme rotación en los puestos de trabajo y por tanto, trabajadores sin formación, inexpertos y con muy poca capacidad de reivindicación de sus derechos laborales y preventivos.
  • Reformar el marco normativo de las enfermedades profesionales actual e intensificar la coordinación y colaboración entre el Sistema Nacional de Salud, el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales y el Sistema de Seguridad Social. Para ello, apuesta por desarrollar un sistema de información y declaración de enfermedades profesionales en Castilla y León. Instamos a la Consejería de Sanidad para que asuma esta obligación legal.
  • Acabar con el sistema Bonus, que sólo sirve para vaciar la caja de la seguridad Social sin la menor contraprestación en términos de mejora preventiva.
  • Hay que recuperar las inversiones en prevención de riesgos laborales. A pesar de la relación que existe entre una correcta organización del trabajo y de la planificación de las actividades de prevención con la disminución de la siniestralidad, se siguen realizando evaluaciones de riesgos de carácter genérico que no se adecuan a las particularidades de los riesgos y las actividades de los centros de trabajo y de las empresas, en detrimento de la eficacia preventiva evidente que presentan estas herramientas. La propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha constatado que en muchos casos, existe un interés prevalente por evitar la sanción mediante el recurso a la obtención de certificados o pruebas que acrediten la cobertura formal de determinadas obligaciones, antes que el cumplimiento real y efectivo de las mismas.
  • Mayor dotación de recursos (tanto humanos como materiales) para una Inspección de Trabajo que consideramos esencial para el control del cumplimento de las normas, así como para las Unidades de Seguridad y Salud, fundamentales para el desarrollo de campañas de control y asistencia técnica.
  • Mayor control de la Administración para que aquellas empresas que han sido sancionadas con carácter grave por incumplir sus obligaciones preventivas, no puedan contratar con las administraciones públicas la realización de obras y servicios. Además, reivindicamos que los aspectos relacionados con la política preventiva de las empresas, así como los recursos de los que disponen y el grado compromiso con la seguridad y salud de los trabajadores, sean elementos esenciales de cualquier proceso de licitación y posterior concesión, pública.
  • Además, es imprescindible contar con el delegado territorial en Castilla y León, que cubra el vacío de representación específica que en estos momentos hay en el 95% de las empresas de nuestra Comunidad, garantizando el cumplimiento de las normas preventivas en las pymes y micropymes y por tanto, incrementando los niveles de seguridad en estas pequeñas unidades productivas.
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