MANIFIESTO 28 DE ABRIL 2023. Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo

24 Abr MANIFIESTO 28 DE ABRIL 2023. Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Por un derecho a la seguridad y la salud en el trabajo, real y efectivo.

Las condiciones laborales tienen una enorme influencia sobre la salud de las personas trabajadoras. Desde los sindicatos venimos desde hace años, denunciando que la precariedad laboral enferma y mata.

A pesar de la inclusión de los entornos laborales seguros y saludables entre los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, en España aún estamos lejos de alcanzar este hito. De hecho, nos encontramos en un momento crítico para la salud y seguridad del trabajo en nuestro país. Y así lo demuestran las terribles cifras en nuestra Comunidad Autónoma, durante el pasado 2022 se han registrado en Castilla y León un total de 63705 accidentes laborales. De los cuales 35080 fueron sin baja, 2487 fueron in itinere y 26.138 accidentes de trabajo con baja en jornada laboral, cada 7 minutos de jornada laboral sucede un accidente de trabajo con baja, aumentando en un 3 % respecto a 2021 y se produjeron 51 muertes en el trabajo, 9 más que el año anterior, lo que supone un incremento del 21.43%.

Son cifras inaceptables para una sociedad como la nuestra, a las que se debe poner freno de manera inmediata. Además, las enfermedades de origen laboral siguen ocultándose, enquistándose como la eterna asignatura pendiente de la prevención de riesgos laborales.

Los sindicatos venimos advirtiendo que la recuperación de la actividad productiva tras el peor periodo de la pandemia, si no venía acompañada de una mejora en las condiciones de trabajo, tendría como consecuencia un repunte de la siniestralidad. Y, desgraciadamente, nuestras previsiones se han cumplido. La seguridad y la salud en el trabajo siguen sin ser una prioridad para los distintos Gobiernos. Como en Castilla y León, que en estos momentos está viviendo una distopía, con una acción de gobierno contraria a la corriente que desde Europa y también desde el Estado, aboga por impulsar y fortalecer el Diálogo Social como un medio para alcanzar acuerdos y soluciones sostenibles y justas para los trabajadores, las empresas y la sociedad en general.

Sin duda, a día de hoy, las consecuencias de los accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo, suponen un grave problema social que lleva aparejados enormes costes humanos y económicos. Un problema al que las administraciones no le prestan la atención necesaria. Así desde la Consejería y la Dirección General de Trabajo con las actuales políticas basadas en la imposición y el unilateralismo, han conducido a terminar con el VI Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León 2021-2024 recogido en la III Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional y Prevención de Riesgos, firmado en el seno de las políticas del Diálogo Social.

Unas políticas antagónicas a las que hasta la entrada del nuevo gobierno se venían haciendo, que apuntalaron y consolidaron una senda de avances, modernización y progreso en nuestra Comunidad Autónoma.

El objetivo; generar ruido y falsear la realidad para justificar decisiones estrictamente ideológicas, eliminando a los Sindicatos en Castilla y León, como referentes de las políticas preventivas innovadoras, justas, igualitarias y progresistas.

Por ello, desde UGT y CCOO este 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, queremos ser, una vez más, el altavoz de las víctimas y visibilizar el drama y sufrimiento que provocan los accidentes de trabajo.

Tampoco nos olvidamos de aquellas personas trabajadoras que han enfermado por su trabajo. En Castilla y León durante el pasado 2022 se declararon 1030 enfermedades profesionales incrementándose un 27,79% respecto de las declaradas en el 2021. Desde CCOO y UGT llevamos largo tiempo denunciando la enorme infradeclaración de las enfermedades profesionales y más concretamente, de los cánceres de origen laboral, entre los que se encuentran aquellos causados por el amianto. Durante 2022 únicamente se declararon 107 enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos, siendo 76 debidas al amianto los otros 31 están oficialmente ligados a la exposición de otros agentes contaminantes (sílice cristalina, hidrocarburos…), cuestión ésta que debe será abordada mediante una labor de concienciación y pedagogía desde una vertiente socio laboral.

Para revertir esta situación es imprescindible que el Gobierno incluya la creación de un registro nacional de empresas con riesgos de exposición a agentes cancerígenos y un registro de personas trabajadoras expuestas en la inminente modificación del RD de agentes cancerígenos. Recordemos igualmente, la necesidad de abordar el enorme problema que supone la exposición laboral a la sílice cristalina que provoca silicosis y cáncer de pulmón, entre otras, y exigir el cumplimiento riguroso de la normativa. Es importante aprender de errores del pasado como el caso del amianto.

Este 28 de abril, desde UGT y CCOO, queremos que sea un día, también de homenaje y reconocimiento a las personas trabajadoras que han muerto o sufren una enfermedad a causa del amianto y sus familias, y especialmente a las mujeres, que en muchos casos también enfermaron y murieron por lavar la ropa de sus familiares expuestos a este cancerígeno en sus puestos de trabajo. En Castilla y León un total de 4.737 personas en nuestra Comunidad están bajo seguimiento de la Consejería de Sanidad por haber estado expuestas al amianto en sus puestos de trabajo.

En este sentido, desde CCOO y UGT reivindicamos más ambición y valentía a los Gobiernos para proteger la seguridad y salud de las personas trabajadoras sin ambages, para que no prevalezcan criterios económicos sobre criterios de protección de la salud en el ámbito laboral a la hora de legislar, y concretamente reclamamos, una reducción del valor límite de exposición al amianto en el entorno laboral, porque no hay valor seguro. Nos oponemos rotundamente al valor propuesto por el Consejo Europeo porque es un límite de exposición al amianto diez veces superior al recomendado por los expertos en salud laboral, lo que supondrá más muertes de personas trabajadoras por este motivo.

Por otra parte, a nivel nacional debemos destacar la creación del Fondo de Compensación para las víctimas del amianto. Desde UGT y CCOO consideramos que la Ley de creación de este Fondo supuso un logro de la lucha sindical, ya que lo veníamos reivindicando desde hace muchos años, junto con las Asociaciones de Víctimas. Sin embargo, un logro agridulce, al no establecerse la exención fiscal para las indemnizaciones. Además, seguimos sin un reglamento que regule su funcionamiento y que fije unas cuantías dignas, imprescindibles para que sea un instrumento útil, lo que está retrasando su puesta en marcha y demorando de manera injustificada, la justicia y reparación que se merecen las personas afectadas y sus familias.

Existen también otras cuestiones a las que se debe hacer frente en el ámbito preventivo; las transiciones digital, demográfica y ecológica. El cambio climático ya está impactando en la seguridad y salud de las personas trabajadoras, como pudimos constatar de manera trágica el pasado verano. Por lo tanto, es indispensable trabajar desde la gestión preventiva para adaptar las condiciones de trabajo al nuevo escenario climático.

La protección de la salud mental de las personas trabajadoras es la gran olvidada de la gestión preventiva, prueba de ello es que la principal causa de muerte durante la jornada laboral fueron los infartos y derrames cerebrales, patologías que están asociadas con la exposición a riesgos psicosociales, que son los menos evaluados en las empresas, y directamente relacionados con la organización del trabajo. En Castilla y León de los 51 accidentes mortales en jornada de trabajo, 23 se corresponden con lesiones no traumáticas. La precariedad laboral o la combinación de altas exigencias y bajo control en el trabajo están asociadas a una peor salud mental. Y todo ello en un contexto de intensificación del trabajo asociado a procesos de digitalización, gestión algorítmica de la organización de trabajo o economía de plataformas que no se van a detener.

Es imperativo avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en la seguridad y la salud en el trabajo, facilitar la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral y feminizar el listado de patologías y profesiones del RD de enfermedades profesionales, así como en el resto de materias de prevención. Solo así podremos revertir las desigualdades de género presentes en la prevención de riesgos laborales. Sin embargo, esto no es relevante para el Consejero de Industria, Comercio y Empleo, ni para        el Director General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, que se han negado a recoger el enfoque de género en el Programa Territorial Integrado de Objetivos del Sistema de Inspección de Trabajo Y Seguridad Social En Castilla Y León para el 2023, rompiendo nuevamente el consenso de los 20 últimos años y empobreciendo el espíritu de la prevención de riesgos laborales al ceñir sus actuaciones a la mínima expresión. Sin embargo, los mayores retos a los que nos enfrentamos son; el conseguir que las empresas cumplan a rajatabla con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales; el internalizar la gestión preventiva en las empresas y acabar con el trasvase de patologías profesionales al Sistema de Seguridad

Social.

Desde CCOO y UGT instamos a las distintas administraciones, así como a las empresas, a tomar soluciones drásticas en esta materia y a que den a la seguridad y salud la importancia que merece. En Castilla y León fallece como consecuencia del trabajo una persona cada seis días. Y esto podría evitarse si las empresas cumplieran con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

Para ello, necesitamos una Inspección de Trabajo y Seguridad Social reforzada, con más medios humanos y materiales para cumplir con su labor esencial de vigilancia del cumplimiento normativo en seguridad y salud en el trabajo.

Igualmente, reclamamos mayores recursos para la Fiscalía de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de incrementar su actuación en aquellos casos en los que aun no habiendo resultado de lesiones o muerte se ponga en riesgo la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

Recientemente hemos firmado la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 junto a patronal, Gobierno y CCAA, y aunque aún quedan por desarrollar los planes de acción bienales, esperamos que se convierta en el instrumento de referencia que concrete el desarrollo y mejora de las políticas de prevención de riesgos laborales que necesitamos. Sin embargo, la EESST tardará en dar resultados, por lo que, instamos al Gobierno a que convoque de manera urgente la Mesa de Diálogo Social en materia de prevención de riesgos laborales, anunciada en la propia firma de la Estrategia, por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en la que se acuerden medidas urgentes e inmediatas, para acabar con la siniestralidad laboral de la misma manera hacemos un llamamiento urgente al Director General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, así como al Consejero de Industria, Comercio y Empleo, exigiendo que revierta las condiciones de Dialogo, participación y consenso, necesario para implementar la Estrategia Española en nuestra comunidad. De lo contrario, quienes vamos a sufrir las consecuencias de ello somos las personas trabajadoras y las empresas de Castilla y León al quedar sin efecto ni desarrollo las acciones de promoción de la seguridad y salud laboral que propicia la nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, para Castilla León. Siendo la administración la única responsable. Evidenciando un comportamiento absolutamente irresponsable frente a una tozuda realidad: los accidentes de trabajo en Castilla y León han crecido un 3% en el año 2022.

En el Día mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo UGT y CCOO queremos volver a expresar nuestro compromiso con la salud de la población trabajadora, y por ello vamos a seguir apoyando, reconociendo y agradeciendo la labor de los delegados y las delegadas de prevención de riesgos laborales, que día a día trabajan para que sus centros de trabajo sean más seguros. Una labor ardua y complicada, pero tremendamente efectiva.

Somos conscientes que queda mucho camino por delante, aun así, estamos convencidos que con voluntad y esfuerzo de todos los agentes implicados conseguiremos alcanzar entornos de trabajo seguros y saludables.

Puedes descargar este manifiesto haciendo clic aquí y el cartel haciendo clic aquí