LA SINIESTRALIDAD LABORAL GRAVE Y MORTAL SE DISPARA EN CASTILLA Y LEÓN

17 Feb LA SINIESTRALIDAD LABORAL GRAVE Y MORTAL SE DISPARA EN CASTILLA Y LEÓN

Castilla y león ha cerrado un año 2022 negro en lo que a siniestralidad laboral se refiere. 63.705 personas trabajadoras han sufrido un accidente de trabajo y 1.030 han contraído una enfermedad profesional.

Del total de accidentes de trabajo registrados, el 45% (28.625) ha causado una baja laboral que, de media, ha tenido una duración de 28,46 días.

Centrando la atención en los accidentes de trabajo en jornada (26.138), vemos cómo se han incrementado un 3% respecto al año 2022, incremento que afecta a todos los grados. Así, los leves crecen un 2,86%; los graves, un 17,11% y los mortales, un 21,43%.

En cuanto a los in itinere (2.487), crecen en conjunto un 0,16%, destacando el notable incremento del 63,34% de los de carácter grave.

Por sectores, construcción y el sector agrario son los que mayores incrementos experimentan. El sector de la construcción registra un crecimiento del 6,01%, incremento que afecta a todas las provincias salvo a Ávila. Por su parte, el sector agrario experimenta un crecimiento del 4,06% en todas las provincias excepto en León y Segovia. El resto de los sectores también registra incrementos, aunque más suaves: servicios, del 2,58% e industria, del 1,92%.

Sin embargo, si analizamos la gravedad de los accidentes en función de los sectores, es el de servicios el que sale peor parado. En éste los accidentes graves se incrementan un 27,91% y los mortales un 42,86%.

Analizando el comportamiento de los accidentes de trabajo por provincias, observamos incrementos globales en todas salvo en Burgos (-1,77%) y León (-3,54%). Valladolid se sitúa en el primer puesto del ranking. Esta provincia registra un incremento global del 12%, con una subida del 25,64% de los accidentes de trabajo graves y un 66,67% de los accidentes mortales. Además, Burgos y Palencia destacan por el terrible incremento de los accidentes graves, un 115% y 90%, respectivamente. Respecto a los accidentes mortales, despunta Salamanca, que ha doblado el número (4 en 2021 frente a 8 en 2022) y Valladolid, que ha pasado de 6 accidentes mortales en 2021 a 10 en 2022.

Accidentes de trabajo por situación profesional

El 91,8% del total de accidentes de trabajo con baja lo han sufrido los trabajadores asalariados. Sin embargo, a medida que se agrava el accidente, el peso de los trabajadores autónomos es mayor. Así, del total de los accidentes graves, el 24% lo han sufrido trabajadores autónomos, y si hablamos de accidentes mortales, el porcentaje es del 21%.

Según tipo de contrato, los trabajadores con contrato indefinido han sufrido 18.868 accidentes en jornada con baja (71,5%) mientras que 7.535 sucedieron a trabajadores con contrato temporal (28,5%). En este punto hay que valorar el cambio que ha sufrido el mercado de trabajo en el último año. El porcentaje de accidentes en trabajadores temporales ha pasado de un 40% (2021) al 28%, reflejando la caída de la temporalidad en el mercado de trabajo de Castilla y León.

Breve mención a las enfermedades profesionales

Las enfermedades profesionales en Castilla y León también registran un crecimiento global del 21%. En total se ha notificado 1.030, 178 enfermedades más que en 2021.

Si analizamos las enfermedades profesionales con baja (cuyo incremento es del 13%), vemos que han crecido en tres sectores: agrario (+15,38%), industria (23,60%) y servicios (14,20%). Además, el 48% se concentra en el sector industrial, seguido de servicios (42%). Esta distribución sectorial explica que el 58% de las enfermedades profesionales afecte a los hombres.

Dentro del sector industrial, cerca de la mitad (49%) se ha registrado en la industria de la alimentación. Por lo que se refiere a servicios, el 30% de las notificadas proviene del sector del comercio.

Muchas de las actuales enfermedades relacionadas con el trabajo tienen un origen multicausal y no exclusivo del marco laboral, como es el caso de los cánceres y las enfermedades cardiovasculares. Por ello, muchas enfermedades que tienen un origen laboral no son consideradas como tales. Un claro ejemplo es la ausencia de las patologías relacionadas con los riesgos psicosociales en el Cuadro español de enfermedades profesionales. Por el contrario, la OIT, en 2010, sí que incluía los trastornos mentales o del comportamiento en su listado. Por ello, el sindicato reclama una actualización del Listado de Enfermedades Profesionales Español.

Por todo ello, es fundamental entre otras cuestiones, una revisión del listado de enfermedades profesionales para dotarlo de perspectiva de género; establecer la periodicidad en la que el cuadro de enfermedades profesionales debe revisarse; reforzar el control de la realización de la vigilancia de la salud colectiva por parte de los servicios de prevención ajenos, mancomunados o propios, así como establecer criterios de calidad para la realización de los reconocimientos médicos de carácter individual para detectar posibles patologías derivadas del trabajo; y, por último, proteger a los trabajadores y trabajadoras expuestos a medicamentos peligrosos, desarrollando protocolos de vigilancia de la salud para este tipo de riesgo laboral.

Valoración sindical

La evolución de los accidentes de trabajo en nuestra comunidad está constatando el efecto de las políticas erráticas que desde la Administración de la Junta de CyL se han venido desarrollando en las últimas etapas de los distintos gobiernos, asistiendo a una progresiva rebaja de los espacios de participación de los agentes sociales y económicos en relación a la seguridad y salud laboral, que delata el sesgo ideológico y un nivel de ofuscación de graves consecuencias.

Asistimos a un segundo estadio que culmina con la llegada de un nuevo gobierno autonómico que desde la Consejería de Empleo, Industria y Comercio dirige políticas en materia de prevención de riesgos orientadas a liquidar de manera unilateral, el VI Acuerdo de Prevención de Riesgos Laborales 2021-2024 y la intervención de los agentes económicos y sociales a través del Programa de visitas y asesoramiento en  PRL, ignorando y poniendo en tela de juicio el gran impacto que la acción sindical ha tenido en la salud laboral en los diferentes ámbitos en los que tenemos presencia para elevar los niveles de seguridad y salud de las personas trabajadoras, impulsar la cultura preventiva, ejercer una labor de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa, limitando los abusos y las ilegalidades y facilitar la participación de las personas trabajadoras en la definición de sus condiciones de trabajo, al ordenarla y organizarla a través de sus representantes.

Los datos revelan una realidad indiscutible: el año 2003, en el que se inicia el Programa de Visitas y Asesoramiento a empresas en Castilla y León, se registraban 44.732 accidentes laborales en jornada de trabajo; el año 2022 se ha cerrado con 28.985. Es evidente que la existencia y el funcionamiento regular del programa desarrollado por los agentes sociales y económicos ha supuesto un factor determinante en esa reducción de la siniestralidad, no de manera exclusiva, evidentemente, pero es innegable que esas acciones han supuesto una enorme contribución a los resultados. En estos 20 años se ha reducido la siniestralidad laboral en un 40% a pesar de haber aumentado la población trabajadora en casi 73.000 personas.

Por lo tanto, despreciar el trabajo realizado por nuestros técnicos, su profesionalidad y cometido y devaluar un modelo consolidado que ha venido siendo reforzado de manera continuada durante 20 años, a través de los distintos acuerdos firmados en el seno del Diálogo Social, constituye un despropósito de una extrema gravedad y de incalculables consecuencias a futuro.

Los datos de cierre del año 2022 reflejan que las principales causas de las muertes por accidente laboral no cambian. Por el contrario, se mantienen a lo largo del tiempo: infartos y derrames cerebrales; accidentes de tráfico; atrapamientos y aplastamientos; golpes y caídas. Lo que demuestra que los incumplimientos en materia preventiva por parte de las empresas, también se mantienen. En Castilla y León, cada semana del año 2022, más de 1 trabajador no ha vuelto a casa como consecuencia de un accidente laboral mortal.

Urgen soluciones

La ley debe cumplirse, las personas trabajadoras tenemos derecho a la protección de nuestra seguridad y salud. Por ello, para UGT Castilla y León es imprescindible que se dote a la Inspección de Trabajo de mayores recursos, tanto humanos como materiales, con el fin de vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. Órgano al que, en estos momentos de reivindicación, apoyamos en la defensa de sus reclamaciones.

Además, demandamos que se articulen medidas dirigidas a la reducción de la incidencia de los riesgos psicosociales entre la población trabajadora, ya que los accidentes cerebrovasculares, patologías asociadas a este tipo de riesgos laborales, siguen siendo la primera causa de muerte durante la jornada de trabajo.

No basta con instalar desfibriladores en las empresas, ni puede reducirse la intervención de la Administración a facilitar consejos sobre alimentación y deporte, hace falta más.

En necesario poner en marcha un Plan de Acción para la Prevención y Control de los Riesgos Psicosociales en las empresas de Castilla y León. Un plan centrado en las causas (condiciones de empleo y trabajo) y en las consecuencias (deterioro del estado de salud de las personas trabajadoras) de la exposición a los riesgos psicosociales. Un plan que contemple medidas de carácter colectivo y no individual y, sobre todo, de naturaleza preventiva y no reparadora.

Un plan de acción que parta de un diagnóstico de situación solvente que nos permita saber qué colectivos requieren de una intervención inmediata. Que contenga, por un lado, acciones de promoción, prevención, vigilancia y control. Pero también, que contemple los recursos disponibles. Y un plan del que participe la administración sanitaria en su tarea de promoción de la salud integral del trabajador.

En Castilla y León, el VI Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León (2021-2024), finiquitado de manera unilateral por la Consejería de Empleo, creó un grupo de trabajo de riesgos psicosociales. Este grupo, liquidado de la misma manera que el VI Acuerdo, estaba diseñando un programa de actuación con líneas de trabajo concretas, destinadas a reducir la incidencia de los riesgos psicosociales en Castilla y León. Por ello, exigimos a la Junta de Castilla y León que reanude los trabajos del grupo de manera urgente, y ponga en marcha las medidas que de protección que en dicho grupo se acuerden.

Es evidente que la gestión de la prevención de riesgos laborales en las empresas no funciona como debería, puesto que se repiten, lamentablemente, las altas tasas de incidencia de accidentalidad en la mayoría de provincias y sectores. Por ello, debemos recordar que invertir en seguridad y salud de las personas trabajadoras repercute en el bien de todos: trabajadores, empresa y el conjunto de la sociedad.

Desde UGT Castilla y León, sin ningún género de dudas, continuaremos dando respuestas a las nuevas demandas de la seguridad y salud laboral, a los nuevos retos del mundo del trabajo del siglo XXI, porque constituye uno de los pilares necesarios e intrínsecos de nuestra actividad sindical, desde luego se configura como un derecho fundamental y, esencialmente, es nuestro deber.