06 Oct LA CREACIÓN DEL FONDO PÚBLICO DE COMPENSACIÓN A VÍCTIMAS DEL AMIANTO YA ES UNA REALIDAD, TRAS SU APROBACIÓN EN EL SENADO
El Senado aprobó ayer, por amplia mayoría, la iniciativa que el Parlamento Vasco elevó al Congreso de los Diputados para la creación de un fondo público de compensación a víctimas del amianto. Tras la aprobación, el Estado indemnizará a las a personas afectadas por esta sustancia cancerígena con cargo a este fondo.
Sindicatos mayoritarios y asociaciones de víctimas del amianto han venido exigiendo la aprobación de esta ley para “la reparación íntegra de los daños y perjuicios sobre la salud resultantes de una exposición al amianto padecidos por toda persona en su ámbito laboral, doméstico o ambiental en España, así como a sus causahabientes”.
Durante la tramitación de esta ley, el Grupo Parlamentario Socialista propuso que el fondo se convirtiera en un organismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y que su financiación se limitara exclusivamente a partidas previstas en los Presupuestos Generales del Estado y a fondos obtenidos a través de la subrogación del derecho a litigar por parte de las personas afectadas. Sin embargo, finalmente esta propuesta decayó durante el trámite parlamentario.
Con la aprobación de esta ley, España se suma a otros países europeos, como Francia, Holanda o Bélgica, que cuentan también con un fondo de compensación a víctimas del amianto.
En nuestro país, muchos trabajadores, así como sus familias, se han visto expuestos durante muchos años al amianto.
“Si se hace una estimación del número anual de casos de patologías por amianto, entre los años 2003 y 2009, podrían haberse producido 7.154 casos a indemnizar en sus diferentes modalidades. En el conjunto del Estado español, entre los años 1994 y 2008 el número de fallecimientos vinculados directamente al amianto fue de 3.943”, recoge la ley.
Además del elevado número de víctimas, se da la particularidad que las enfermedades derivadas de la exposición al amianto se manifiestan, en ocasiones, de manera tardía, por lo que muchas de ellas no han podido acceder a indemnizaciones por parte de sus empresas al haber desaparecido éstas.
Tras la aprobación por el Senado, ya sólo resta el desarrollo del reglamento que marcará el funcionamiento y el acceso a las indemnizaciones, así como su cuantía, el cual deberá estar listo en un plazo máximo de tres meses.
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