EL GOBIERNO EN FUNCIONES AUTORIZA EL AUMENTO DE LA EXPOSICIÓN LABORAL A TRES SUSTANCIAS CANCERÍGENAS

15 Oct EL GOBIERNO EN FUNCIONES AUTORIZA EL AUMENTO DE LA EXPOSICIÓN LABORAL A TRES SUSTANCIAS CANCERÍGENAS

El Proyecto de Real Decreto, presentado en el pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo el pasado martes, responde a la obligación del Gobierno de trasponer antes de enero la directiva 2017/2398 que modifica la Directiva de agentes cancerígenos y mutágenos. La nueva directiva fija valores límites obligatorios para 14 sustancias cancerígenas, frente a las 3 existentes en la anterior, pero se trata de un nivel de protección mínimo que puede ser mejorado por los estados miembros en el momento de la trasposición.
Durante todo el proceso de tramitación del real decreto, las organizaciones sindicales hemos solicitado que la trasposición respetara los valores límites vigentes en España en aquellos casos en los que eran inferiores a los propuestos por la directiva. Sin embargo, en el proyecto definitivo presentado a la Comisión Nacional, el Gobierno renuncia a este criterio e incrementa los valores límite de tres sustancias, aceptando las alegaciones de empresas, organizaciones patronales y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).
CCOO y UGT entendemos que esta trasposición literal puede suponer un grave deterioro del nivel de protección de la población laboral expuesta, ya que en el caso de la sílice cristalina se pasa de 0,05 mg/m3 a 0,1 mg/m3, en el del bromoetileno de 2,2 mg/m3 a 4,4 mg/m3 y en el de la acrilamida de 0,03 mg/m3 a 0,1 mg/m3.
Desde UGT y CCOO reclamamos la revisión de estos valores antes de la aprobación del real decreto en el Consejo de Ministros. Entre los argumentos esgrimidos por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para justificar la adopción de estos valores se indica que el proyecto de real decreto “ya no impone normas más restrictivas en España que en otros estados miembros”, por lo que se corrigen desigualdades competitivas al facilitar la igualdad de condiciones a los agentes económicos. A nuestro juicio, no se puede anteponer la competitividad y los beneficios empresariales frente a la salud de la población trabajadora, máxime cuando las empresas españolas ya deberían haberse adaptado a los niveles de protección establecidos legalmente desde hace años o incluso décadas en nuestro país.
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